El Vaticano reforma las leyes canónicas criminalizando el abuso sexual

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La iglesia católica introdujo una nueva definición de abuso sexual en el Código de Derecho Canónico tras una reforma impulsada por el Sumo Pontífice, motivado a combatir contra los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia, el Papa Francisco realizó cambios en el marco legal para los 1.300 millones de católicos del mundo, después de muchos años de consulta y muchas peticiones por parte de las víctimas.

No hay Misericordia sin corrección

La Constitución Apostólica Pascite gregem dei (Apacentad la grey de Dios), que autoriza los cambios, es el primer texto penal que amplía la definición de abuso sexual, reconociendo de forma explícita que tanto los adultos como los niños pueden ser víctimas de sacerdotes y laicos en posiciones de poder.

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Con esta Constitución, el Sumo Pontífice reformó el Libro VI del Código de Derecho Canónico, completando un trabajo de revisión iniciado con Benedicto XVI, que será un texto un instrumento correctivo ágil, para ser usado a tiempo, con el objeto de prevenir males mayores y de sanar las heridas causadas.

La última vez que se hizo una renovación del código penal de la iglesia, que fue actualizado fue hace 40 años. El nuevo entrará en vigor el próximo 8 de diciembre, una noticia que viene dentro de muchos escándalos financieros y de abusos sexuales que han estremecido las últimas décadas a toda la iglesia católica, y por supuesto a la Santa Sede.

En un comunicado que acompaña a las revisiones, el Papa afirmó que las nuevas revisiones apuntan a ser más claras y simples, a tono con los tiempos en que vivimos, para el Sumo Pontífice es necesario que las normas estén estrechamente relacionadas con los cambios sociales y las nuevas necesidades de los feligreses.

Esta nueva versión es el resultado de un largo proceso de análisis, revisiones y enmiendas que comenzó en el 2007, cuando el ahora Papa emérito Benedicto XVI, hizo la encomienda al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos la tarea de revisar la normativa penal contenida en el Código vigente desde el año 1983.

Esta reforma es considerada como la escritura más significativa del derecho canónico desde la era del Papa Juan Pablo II. La iglesia ha sido golpeada en años recientes por numerosas  denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes y de encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. 

 

Ponerlo en práctica 

La expectativa ronda en cuanto cómo se pondrá en práctica esta nueva ley ante una cultura de secretismo y encubrimiento de la iglesia católica, que ha dominado durante tanto tiempo. Aunque hubo una criminalización de la pedofilia, la iglesia mantiene su autonomía a la hora de resolver sus casos de abusos de forma interna, sin acudir a instancias civiles, lo que para muchos es un error.

El Código penal no deja claro en que forma la iglesia manejará la reparación de las víctimas, ya sean menores o adultos, además de eludir hacer referencias a términos como abuso sexual de menores. Sin embargo, anteriormente se consideraba que las relaciones sexuales entre clérigos y adultos bajo consentimiento eran un pecado, pero no un delito. El nuevo código establece que se condena a los curas que por la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad, tengan relaciones con adultos, u obliguen a alguien a realizar o someterse a actos sexuales. 

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Al ofrecer una nueva plantilla a las autoridades eclesiales, en el Vaticano o una parroquia lejana, para evaluar y abordar posibles abusos y las sanciones penales, limita con esto la discreción otorgada a los obispos y otros líderes para investigar los abusos, permitiendo a los pedófilos eludir su responsabilidad y encubrir sus actos. 

De esta forma, se busca acelerar los procesos de denuncia e investigación de los abusos, que las víctimas y sus defensores han criticado por años, por lo largo y engorroso. Además, en el Código penal de forma explícita se criminaliza el acoso a menores para su participación en pornografía, y la adquisición y distribución de material audiovisual de este tipo.

En cuanto a las sanciones, los sacerdotes que abusen de menores y otras personas vulnerables serán castigados con privación del cargo y potencialmente destitución. Igualmente ocurrirá con los laicos responsables de abusos.