Se registran la mitad de las muertes de niños por abuso infantil en el Condado
La tortura y asesinato del pequeño Gabriel Fernández a manos de sus protectores en 2013 sería la noticia que impactaría al Condado de Los Ángeles a tal grado que los ojos de los medios de comunicación, y de los políticos a cargo, no cesarían de vigilar los métodos del Departamento de Servicios Sociales.
El pequeño de ocho años de edad, que vivía con su madre en una residencia de Palmdale, falleció el 22 de mayo de 2013, luego de presuntamente ser golpeado por su madre, y el novio de ésta, por no querer recoger sus juguetes del piso.
Los meses previos a su muerte, Fernández fue víctima de negligencia y abuso tan terrible de su madre, Pearl Fernández, y su pareja, Isauro Aguirre, que fue descrito por Jonathan Hatami, fiscal de distrito adjunto del Condado de Los Ángeles, como más severo que el que reciben muchos prisioneros de guerra.
Tras su muerte, se desató un esfuerzo por parte de varios funcionarios del Condado por reformar el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares, y procurar que este tipo de tragedias no se repitieran.
Cifras recientes muestran que justo ese propósito, a tal grado, se está cumpliendo en el Departamento.
Los últimos datos del Departamento del Condado de Los Ángeles indican que disminuyó a casi la mitad, la cantidad de niños que murieron en el 2014 debido a abuso o negligencia, casos similares al de el pequeño Gabriel.
La cantidad de fatalidades disminuyó de 61 en el 2013 a 32 en el 2014, mientras las autoridades del condado hacen cambios al sistema de protección infantil tras la muerte de menores.
Entre los cambios realizados hasta la fecha está un mayor entrenamiento de los trabajadores sociales con énfasis en la seguridad, en lugar de la unión familiar.
Cuando se sospecha que puede haber abuso o negligencia, los niños son retirados del hogar y puestos en hogares de crianza, lo que ha resultado en un mayor número en el sistema de cuidado de crianza, reportó el diario Los Angeles Times.
De los 32 menores que murieron el año pasado, 21 habían sido reportados a los trabajadores sociales bajo sospecha de abuso a través de la línea telefónica de ayuda, según el registro obtenido por el diario.
Fuente: La Opinión
