En Chile, más del 70% del total de delitos sexuales afecta a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad (datos Comisión técnica intersectorial de CONINFANCIA, 2015).
La mayoría de los peritajes sexológicos requeridos por la justicia al CONINFANCIA, es por delito de violación, y un 81% de dichos exámenes corresponde a niñas y niños menores de 18 años. De las pericias psicológicas (que incluyen tests de “credibilidad”), un 79% corresponde sólo a menores de 14. Un 81,9% de las víctimas debe declarar más de una vez durante un proceso judicial, y muchas pasan hasta por diez instancias de intervenciones, cada una con sus diferentes entrevistas (Unicef-UPD, 2006).
Contar una y otra vez la historia, contrario a lo que podamos creer, está lejos de tener un efecto de descarga o moderación del dolor infligido por el abuso sexual. Como si no bastara el trauma, los niños serán expuestos, a sabiendas y reiteradamente, a evocar los sufrimientos físicos y emocionales asociados al abuso que vivieron. Daño sobre daño: esto es victimización secundaria.
Pensemos el proceso “en cuclillas”, como si fuéramos niños: Instituto Médico legal, comisarías, PDI, tribunales, distan mucho de ser entornos adecuados para la infancia. Para los adultos, cualquier proceso judicial –por robo, divorcio, temas laborales- es una experiencia estresante. Imaginemos lo que viven las víctimas de abuso sexual infantil.
¿Para qué voy a hablar más si nadie me cree?, ¿no entienden que también tengo una vida?, (con paseos de curso o actividades a las cuales los niños no pueden asistir a causa de citaciones del proceso judicial). “Ya no me quiero acordar más de esto”, “no me pregunten más”. Las voces que no escuchamos.
No sólo sufren los niños (y sus familias): además se atropellan sus derechos. El Estado los vulnera. La demora para legislar, es también una forma de vulneración, de desidia imperdonable.
A los vacíos de protección se suma la obsolescencia de un sistema que, en Chile, no tiene en consideración las características y diversidad de quienes acuden a él (esto, según expertos nacionales e internacionales). Nuestras leyes obligan a la denuncia de delitos sexuales y nadie cuestionaría el imperativo ético de ese acto, pero como padres y madres no podemos eludir la pregunta de ¿cuánto más daño se agrega al abuso sexual sufrido por una niña o niño, durante su paso por la justicia?
A fin de dar garantías de cuidado ético para los niñxs, prevenir su victimización secundaria, evitar contradicciones y mejorar la obtención de evidencia con utilidad probatoria –en bien de las víctimas, del proceso judicial y de los propios imputados- el gobierno anterior presentó en enero de 2014 un proyecto de ley de “entrevistas videograbadas”. En éste se propone un número muy limitado de interacciones, en lugares especialmente habilitados para los niños, con un protocolo único y consensuado, y profesionales altamente especializados. El proyecto fue modificado por el actual gobierno durante 2014 y en mayo del 2015 comprometió su reformulación y posterior trámite. Desde entonces, muchos niños siguen siendo vulnerados mientras esperan que quienes dicen estar preocupados por ellos, legislen de una buena vez.
Como ciudadanos adultos somos responsables de cuidar y de hacer presentes las necesidades de las niñas y niños. Sabemos que ellos no pueden, no directamente al menos, exigir al gobierno y al congreso que cumplan con esta #tareapendiente. Pero nosotros sí.
En colaboración con Rodrigo Venegas, académico y psicólogo especialista en prevención y tratamiento del abuso sexual infantil.
Fuente: voces.latercera.com
