Cinco casos de abuso infantil en una semana tramitaron una jueza y un fiscal de turno, algo inédito en la trayectoria de ambos magistrados.
«Nunca en mi vida tuve tantos casos, es la primera vez y tengo más de 20 años de experiencia», dijo el fiscal penal Carlos Negro (que intervino en esos expedientes), quien es partidario de penas más duras para los abusadores de niños, mayor formación para los operadores y más compromiso estatal y social con este tema.
Fueron siete menores de entre ocho y 16 años los que sufrieron abusos en estos cinco casos. En cuatro de los expedientes hubo procesamientos y en el quinto caso la prueba no fue suficiente.
En cuatro casos los abusadores fueron familiares de los niños y en uno fue un vecino muy cercano a la familia. Todos los procesamientos fueron por el delito de atentado violento al pudor, porque no se verificó penetración en ninguno de los casos.
A esto se sumó el procesamiento en Paysandú de un hombre de 58 años, quien abusó sexualmente del nieto de cuatro años de su concubina. En diciembre pasado, el departamento de Maldonado tuvo una racha de al menos un caso diario de abuso sexual contra menores. Lo ocurrido conmovió a la población y generó preocupación entre los operadores judiciales.
La jueza Graciela Eustachio fue quien tramitó estos casos e informó que algunos venían de investigaciones que se desarrollaban desde hacía meses o abusos que se realizaban desde antes y que fueron denunciados durante su turno. Tiempo atrás, Eustachio tuvo cuatro casos de abusos a menores en un turno, pero nunca cinco, contó.
Para el fiscal Negro hay una mayor visibilidad del abuso infantil, «un problema que no es de hoy ni de ayer sino de siempre», que incluyó dentro de la violencia doméstica y de género y que «tiene sus raíces en un sistema familiar y social donde los roles de género pesan y están en la base del abuso sexual».
Relató que en general, el abusador pertenece al circulo de confianza del niño, «del que se aprovecha para concretar sus propósitos y para quedar impune». «El abusador obra convencido que su accionar va a quedar impune; que ese niño no hablará por miedo, por amenaza explícita o implícita de que sobrevendrá un mal si cuenta». «A veces no hablan por días, a veces por meses, a veces por años, y a veces en toda su vida. Cuando menos ese niño puede hablar, más profundo es el daño y mas difícil luego de arreglar», afirmó el fiscal.
Sostuvo que los daños psicológicos que genera el abuso en los niños «son devastadores» y la gravedad que tiene el delito de atentado violento al pudor a un niño «debería ser considerado un crimen más grave» por sus consecuencias. Agregó que en el Código Penal, la rapiña tiene un agravante con cinco años y cuatro meses de mínima, por lo que «deberíamos repensar las penas a aplicar para aquellos que ultrajan o abusan sexualmente de un menor».
Sobre menores de 12 años la pena mínima del abusador es de dos años e inexcarcelable, cuando es por encima de los 12 años la pena mínima es de prisión y eventualmente excarcelable. La pena máxima es de seis años. «Hay margen suficiente para aplicar penas importantes y depende de la conciencia jurídica de cada operador», dijo Negro.
A esto sumó la necesidad de mayor capacitación no solo de maestros, profesores, médicos y psicólogos, sino también de los operadores judiciales. «Hace falta que fiscal, juez y defensor tengan formación para interrogar al niño y solo si es necesario, porque se le victimiza nuevamente tras interrogatorio en la Policía o la escuela».
Negro expresó que desde lo estatal «no solo se debe contribuir con formación y capacitación, sino con la visibilización del tema», el que consideró «no está en la agenda de seguridad, nunca aparece en los primeros puestos de la preocupación de la gente, que coloca a los delitos contra la propiedad y los visualiza como problemas de seguridad ciudadana, pero de repente no ve otros como lo es el abuso sexual infantil».
«Deberíamos replantearnos como sociedad cuantas víctimas se llevan las rapiñas y cuantas los agresores de mujeres, sin querer minimizar el tema de los delitos contra la propiedad cometidos con violencia. Pero sí poner la atención con el principal problema de seguridad pública que tiene este país, que es la violencia doméstica y que incluye a los abusos sexuales infantiles», concluyó el fiscal.
INAU: 1.728 casos de maltrato infantil en 2014.
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), que depende del INAU, reportó 1728 casos de maltrato y abuso a menores en el año 2014, de los cuales el 22% corresponde a abuso sexual. Estas cifras son de casos comprobados y atendidos, no solo de denuncias realizadas.
En 2013, el Instituto Nacional de Estadística realizó una encuesta de prevalencia a un grupo de mujeres mayores de 15 años y el 34% de las entrevistadas reportó que sufrió maltrato en la infancia.
María Elena Mizrahi, coordinadora del Sipiav, dijo que desde el año 2008 se tienen cifras sistematizadas de maltrato infantil, primero del área metropolitana y ahora de todo el país. Las datos del Sipiav muestran un corte en el maltrato infantil, en la primera franja etaria es prácticamente un 50% de niños y un 50% de niñas quienes los sufren, pero en la adolescencia el maltrato y el abuso se feminiza notoriamente.
Mizrahi dijo que quienes trabajan hace mucho tiempo en temas de infancia «decimos que el abuso siempre estuvo» pero ahora se visibiliza más.
Fuente: El País
